años ni en los futuros desechos. En el año 2003, el Ministro de Ambiente y Obras Públicas, Francisco Morandini, se opuso a la reapertura hasta la realización de un estudio ambiental para la limpieza y planificación de dichos residuos. El uranio está presente en dosis ínfimas en el aire, en el agua, en la tierra, en nuestros cuerpos. Es liberado por las rocas removidas y transportado por el aire hasta posarse en la superficie de nuevas rocas o cursos de agua. La ingesta de alimentos o el contacto con suelos que posean una mayor concentración puede producir enfermedades de riñón o hígado; la exposición a concentraciones mayores es ciertamente cancerígena.
En San Rafael, la disputa mayor es entre los empresarios. Por una parte, los empresarios mineros que se justifican con la mayor demanda a nivel mundial del metal (pues el uranio es un metal, no un mineral), cuyo precio ha subido en los últimos cuatro años de menos de U$S 10 a U$S 115 por kilogramo, y, por otra parte, los empresarios vitivinícolas, que verían perjudicadas sus ventas por la cercanía de un yacimiento minero de estas características.
Frente a este panorama, la pregunta cae de madura: ¿Es necesaria la explotación de un yacimiento de uranio? En el país existen sólo dos centrales nucleares (Atucha y Embalse) que producen cerca del 8% de la energía eléctrica de Argentina. A nivel mundial, la cifra se eleva a menos del 20%. El principal interés, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa capitalista en este proyecto es extranjera, parece ser otro que el de generar energía. El uranio se puede utilizar para la fabricación de vidrio, para la coloración de cerámicas, para la producción de energía eléctrica y para la fabricación de armas nucleares.
Se cree que la mina aún cuenta con unas 2500 toneladas extraíbles, tarea a desarrollarse en 20 años, debido a la capacidad de la planta, y que daría trabajo a 200 personas, aunque la producción podría llegar hasta 3740 toneladas, lo que significaría ganancias de más de U$S 430 millones. También se dice que la prioridad de venta del metal es interna.
Ahora bien, para la instalación de una planta de este tipo es necesario realizar un plebiscito. A tal efecto, se le encargó a la mismísima CNEA la confección de una encuesta a los habitantes de San Rafael, encuesta que, obviamente, fue muy parcial en las preguntas y ambigua en la información, pero que, extrañamente, no dio los resultados esperados por la Comisión. Diversos organismos apelan a que la encuesta y cualquier otra medida, incluso los informes sobre el daño ambiental, debe ser hecha por una organización independiente.
Hace algunos años, en Despeñaderos, localidad a unos 40 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, intentó radicarse la empresa Dioxitec, que hoy opera para la central de Atucha. En esa ocasión, los agricultores de la zona realizaron un "tractorazo", atemorizados por las consecuencias que podrían surgir en sus cultivos por la cercanía de una planta de tales características. El biólogo Raúl Montenegro opina que la auditoría realizada por una empresa independiente es urgente, pues no debe permitirse la reapertura de un yacimiento que ya oculta más de 1000 toneladas de residuos enterradas en 5000 tambos y que tiene un depósito de 1200000 m3 de agua contaminadas con los desechos del uranio, entre ellos, el radio, cuya vida media es de 1620 años. A esto hay que agregar 1700000 toneladas de colas de uranio.
Otra pregunta cabe a raíz de todo esto: ¿Hasta qué punto debemos explotar algo que no vamos a utilizar, cuyo único fin, a mi modesto entender, es la venta del material para la fabricación de armas? Sierra Pintada es un doble asesinato: el de sus trabajadores y vecinos, y el de los atacados por los países en guerra con las armas fabricadas con uranio.
Mendoza debe reaccionar esta vez.
